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Resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en causa 9608/2018 “DE VIDO, Julio Miguel s/recurso de casación”

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego G. Barroetaveña Resultado de imagen para "Diego G. Barroetaveña" y Daniel A. Petrone, Resultado de imagen para "Diego G. Barroetaveña"anuló la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 que rechazó la solicitud de excarcelación de Julio M. De VidoImagen relacionada y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz de la normativa del Código Procesal Penal Federal.
Luego de rechazar los agravios de la defensa relativos a que era necesario un nuevo desafuero en esta causa pues ya había sido dispuesto en la causa 10.456 conocida como “Gas Licuado”, entendió que no se había efectuado un análisis adecuado de los motivos por los que los jueces del tribunal se decidieron por la medida cautelar más severa, es decir, la prisión preventiva. Ello, en virtud de la reciente implementación -parcial- del nuevo procedimiento acusatorio en materia penal (arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F.).
También sostuvo que el tribunal oral no había tomado en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la prisión preventiva y la etapa procesal en que transita el proceso.
En la causa se investiga un presunto sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional entre los años 2013 y 2015 vinculado a cuestiones energéticas, obra pública, civil y transporte, entre otras.
En disidencia parcial, la doctora Ana María FigueroaResultado de imagen para Ana María Figueroa afirmó que la prisión preventiva contra Julio Miguel De Vido en la causa nº CFP 9608/2018, ha sido dictada de manera arbitraria y en flagrante violación de la Constitución Nacional, por lo que se impone dictar su nulidad.
En ese sentido refirió que en nuestra Constitución Nacional hace más de un siglo y medio (desde 1853 en sus artículos 57, 58 y 59), similar a la regulación en el sistema constitucional comparado, lo legisla en el “Capítulo Tercero” en “Disposiciones comunes a ambas Cámaras” (actualmente desde 1994 en sus artículos 68, 69 y 70) referidas a la inmunidad de opinión, arresto y juicio y su procedimiento ante el cuerpo respectivo, quien tiene la atribución de suspender al senador o diputado con la mayoría agravada de dos tercios de votos y colocarlo a disposición del juez para su juzgamiento.
El desafuero es una garantía personal y colectiva porque protege al legislador quien no debe ser arrestado, ordenándose su prisión preventiva o puesto a disposición del juez, sin que previamente por cada causa se haya cumplido con el trámite parlamentario de obtener su suspensión y sólo después de cumplir con el trámite constitucional podrá ordenarse la privación de la libertad. Como el trámite es previo implica que tampoco se podrá ordenar la restricción condicionado su cumplimiento al desafuero, no subsanándose la violación constitucional con la interpretación que se ordena la coerción a la libertad supeditada su aplicación o que se hará efectiva condicionada a la culminación del trámite parlamentario del desafuero con la suspensión del legislador.
Sobre esto último y tras considerar que la resolución que rechazó la excarcelación a Julio Miguel De Vido resultó arbitraria por fundamentación insuficiente, dispuso conceder la excarcelación del nombrado en esa causa, disponiendo la remisión de la incidencia al tribunal de mérito para que, a partir del análisis de la regla prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, de conformidad con los extremos contemplados por los artículos 221 y 222 de ese cuerpo normativo, evalúe -con la urgencia que el caso amerita- la necesidad de aplicar en el caso de autos alguna/s de la/s medidas de coerción personal menos lesivas que la prisión preventiva (art. 210, incisos a, b, c, d, y e, C.P.P.F.)-, y que en caso de no mediar otra causa legal de detención conforme lo expresado por la defensa a fs. 2684/2762 de la causa nº CFP 9608/2018/174, se haga efectivo en la fecha lo dispuesto en este pronunciamiento.

La misma Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego G. Barroetaveña y Daniel A. Petrone,   en la causa 9608/2018 “THOMAS, Oscar Alfredo s/recurso de casación”  , anuló la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había fijado una caución real de pesos cincuenta millones ($50.000.000), y ordenó se adecúe la caución establecida tomando en cuenta la situación personal del imputado.

La Casación Federal sostuvo que el hecho verificable de que Thomas   Resultado de imagen para THOMAS, Oscar permanece privado de la libertad, pese a haberse concedido su excarcelación hace ya más de dos meses bajo la caución real antes aludida, indica un obstáculo concreto para afrontar el monto establecido y acceder a la libertad.
Y también señaló que no se habían dado razones suficientes para fijar el monto de la caución real en la suma de $50.000.000; máxime tomando en cuenta que Thomas percibe un ingreso mensual de $200.000.
Los magistrados recordaron la prohibición establecida en el Código Procesal Penal de la Nación de fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado.
En la causa se investiga un presunto sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional entre los años 2013 y 2015 vinculado a cuestiones energéticas, obra pública, civil y transporte, entre otras.
En disidencia parcial, la doctora Ana María Figueroa dijo que la decisión de la Cámara a quo que redujo el monto de la caución impuesta a Oscar Alfredo Thomas de $60.000.000 a $50.000.000, a quien se le concedió la excarcelación bajo caución real, no dio acabada respuesta a las explicaciones brindadas por la defensa en orden a las condiciones personales de su asistido, a los ingresos con los que contaría Thomas para afrontar la condición real a la que se sujetó la excarcelación (ingresos mensuales por $200.000) y a la inexistencia de riesgos procesales concretos, por lo que desde esta perspectiva, la resolución estuvo basada en afirmaciones dogmáticas y, por lo tanto resulta arbitraria y no puede ser considerada como acto jurisdiccional válido.
Señalar que existían riesgos procesales que debían contrarrestarse con la prisión preventiva, para luego utilizar esos mismos argumentos a los fines de conceder la excarcelación e imponer una caución real -cuyo monto es extremadamente elevado, y los hechos hasta hoy han demostrado que es de imposible cumplimiento, además de que no se condice con el resto de las cauciones reales que otros imputados en estas mismas actuaciones han tenido que oblar, violando la igualdad de trato procesal, desconociendo las circunstancias personales y patrimoniales del encausado-, lo cual demuestra la arbitrariedad de la decisión sometida a conocimiento de esta instancia.
En aquella oportunidad concluí que gravosa es la situación de que se disponga la rebeldía de una persona sin siquiera haberse efectuado una sola y simple tarea de indagación sobre su domicilio particular y que extremadamente preocupante resulta para un Estado de Derecho, que la Alzada haya convalidado un pronunciamiento (denegatoria de la excarcelación), remitiéndose a otra decisión jurisdiccional (denegatoria de la exención de prisión) fundada únicamente en la pena en expectativa, la gravedad del hecho y la declaración de rebeldía señalada, la cual se encontraba aun en plazo de poder ser impugnada.
En esta oportunidad tengo que afirmar que las irregularidades advertidas y las que ahora en estas actuaciones se han configurado, han permitido construir un escenario de gravedad institucional tal que no puede admitir un solo pronunciamiento dilatorio más.
Cabe advertir que en todo Estado de Derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas o de cauciones reales millonarias y de imposible cumplimiento que tornan ilusorio el instituto excarcelatorio, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades.
En consecuencia, sobre la base de las circunstancias verificadas en autos, la falta de acreditación de riesgos procesales -tanto por parte del juez federal como de la Cámara de mérito- a través de elementos que objetivamente den cuenta del peligro de fuga y/o del entorpecimiento en la investigación, aunado ello a la sujeción al proceso que ha demostrado Oscar Alfredo Thomas en este expediente, encontrándose habilitada esta Alzada a partir de lo peticionado por la defensa durante la audiencia de informes, votó por hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa particular, casar la resolución impugnada y conceder la excarcelación a Oscar Alfredo Thomas en las presentes actuaciones, bajo caución juratoria, la que deberá hacerse efectiva en la fecha por los estrados del tribunal bajo cuya disposición se encuentra anotado el nombrado, previa constatación de que no existe otra causa legal de detención y del labrado del acta compromisoria respectiva. Sin costas.

Esta misma Sala trabajando a pleno,  en la causa 9608/2018 “BARATTA, Roberto s/recurso de casación,  anuló la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 que rechazó la solicitud de excarcelación de

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Roberto Baratta y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz de la normativa del nuevo Código Procesal Penal Federal.

 La Casación Federal sostuvo que no se había efectuado un análisis adecuado de las razones por las que los jueces del tribunal se decidieron por la medida cautelar más severa, es decir, la prisión preventiva. Ello, en virtud de la reciente implementación -parcial- del nuevo procedimiento acusatorio en materia penal (arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F.).
 También sostuvo que el tribunal oral no había tomado en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la prisión preventiva y la etapa procesal en que transita el proceso.
 En la causa se investiga un presunto sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional entre los años 2013 y 2015 vinculado a cuestiones energéticas, obra pública, civil y transporte, entre otras.
 En disidencia parcial, la doctora Ana María Figueroa dijo que la resolución que rechaza la excarcelación solicita en favor de Roberto Baratta, luce infundada toda vez que en ella no se han analizado los elementos de convicción mínimos necesarios para el adecuado tratamiento de la cuestión, de conformidad con la normativa convencional, constitucional y de derecho interno en la materia.
Explicó que el tribunal a quo no dio acabada respuesta a las cuestiones señaladas por la defensa en orden a las condiciones personales de su asistido, a la ausencia de otros procesos sobre los cuales pese sobre el encausado la detención preventiva, a que posee arraigo y a la inexistencia de riesgos procesales concretos, concluyendo que la resolución está basada en afirmaciones dogmáticas y, por lo tanto, resulta arbitraria y no puede ser considerada como acto jurisdiccional válido.
 Le asiste razón a la defensa en cuanto a que de la resolución impugnada no surge la fundamentación de los riesgos procesales invocados, ni de su entidad, ni de los motivos por los cuales esos riesgos procesales deban inexorablemente ser neutralizados a través de la detención preventiva que agravia a esa parte, encontrando eco ello únicamente -por simple remisión-, a los motivos que en su oportunidad habían dado lugar a la denegatoria de otra excarcelación solicitada por Baratta.
 En este sentido, el a quo ha realizado una apreciación parcializada de las circunstancias fácticas del caso para justificar la medida coercitiva, desoyendo los extremos planteados por la defensa, otorgando relevancia a la naturaleza del hecho, la participación que en él habría tenido el encausado y la escala penal con la que se encuentra conminado el ilícito atribuido.
 Como corolario, no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tengan que ver sólo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado de manera terminante en el art. 316 del C.P.P.N. y en los arts. 221 y 222 del C.P.P.F. Es decir, las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción iure et de iure, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia. De tal modo, solo constituyen un elemento más a valorar, con otros indicios probados que hagan presumir el riesgo de frustración del juicio previo, por elusión.
 Las graves circunstancias observadas en la presente incidencia y la falta o aparente fundamentación de las decisiones jurisdiccionales que se han dictado respecto de la situación procesal del encausado en este proceso, configuran un caso de gravedad institucional al que esta Alzada debe poner fin de manera definitiva.
 En consecuencia, las consideraciones referidas me conducen a hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa particular, casar el pronunciamiento recurrido y conceder la excarcelación a Roberto Baratta en las presentes actuaciones, disponiendo la remisión de esta incidencia al tribunal de mérito para que, a partir del análisis de la regla prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, de conformidad con los extremos contemplados por los artículos 221 y 222 de ese cuerpo normativo, evalúe -con la urgencia que el caso amerita- la necesidad de aplicar en el caso de autos alguna/s de la/s medidas de coerción personal menos lesivas que la prisión preventiva (art. 210, incisos a, b, c, d, y e, C.P.P.F.)-, y que en caso de no mediar otra causa legal de detención, se haga efectivo en la fecha lo dispuesto en este pronunciamiento.
 (fuente CIJ)