06.10.2020

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En el marco de la causa caratulada NEGRI, MARIO RAUL Y OTROS C/ EN-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION S/AMPARO LEY 16.986 expte nº 12.472/202 que habían planteado los diputados de Juntos por el Cambio pidiendo  “que se declare la nulidad absoluta e insanable de la decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria del 1/09/20, que dispuso la prórroga del  “Protocolo   de   Funcionamiento   Parlamentario   Remoto”, el juez   Enrique Valerio Lavie Pico, no hizo lugar y rechazó la acción de amparo.
En su fallo de 23 páginas justificó su decisión básicamente en una cuestión “jurisdiccional”, o sea avanzar sobre las facultades propias de otro poder, como es el caso, el legislativo.
En otras notas ya hemos hecho referencia a otros casos.
Este es mismo juez, que declaró inconstitucional la Constitución y permitió la perpetuidad antirrepublicana de Highton en su cargo en la Corte.
Por eso hay que tomar con pinzas sus resoluciones, y no poner tantas expectativas, que al fin de cuenta, si el país se ha hundido hasta parecerse a una cloaca en su transparencia institucional, es gracias a la impunidad que estos mismos jueces se encargaron de sembrar, regar y cosechar.
 Y vayan prestando atención a lo que se puede venir….
Les dejo parte de la resolución en cuestión .
   “…Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, resulta claro que decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en   torno   a   una   cuestión   privativa   de   otro   poder   del   Estado; disponiendo no sólo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques de la H. Cámara de Diputados de la Nación sino también sobre el   posterior modo de actuación de la HCDN con relación al ejercicio de facultades que les son propias. Ello implicaría un evidente exceso de la función jurisdiccional; o dicho en otros términos, no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los   órganos   correspondientes;   en  el   caso,   lo  dispuesto   por  la  H. Cámara de Diputados de la Nación.
En efecto en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes del Estado, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la facultad de revisión judicial no alcanza al modo del ejercicio   de   tales   atribuciones,   puesto   que   si   así   fuera,   se   haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás   autoridades   de   la   Nación   (Fallos   320:2852;   321:3236; 322:1988; 322:2370; 324:3358, entre muchos otros). Máxime, cuando lo que se trae a consideración de un Tribunal de Justicia es –como en el caso– la reedición de una cuestión que se ha debatido y resuelto en el seno del Poder Legislativo de la Nación por   el   juego   de   las   mayorías   y   minorías   respectivas,   propio   del sistema republicando y democrático garantizado por la Carta Magna, lo que produciría una “ invasión del Poder Judicial en el ámbito de las potestades propias de los otros poderes de la Nación, con grave detrimento   de   la   misión   más   delicada   de   aquél:   la   de   saber mantenerse dentro de su órbita de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles con   los   restantes   poderes ”(Fallos:   155:248;   254:43;   263:267; 282:392, entre muchos otros).
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal Federal, 
En el caso intervino el Fiscal Fabián O. Canda, quien estimó que debía rechazarse la accion, sosteniendo
«…Como consecuencia de lo dicho,considero que no se configura en autos un supuesto en que pueda ceder la regla establecida por la CSJN sobre el control judicial de las facultades privativas de la HCDN del Congreso Federal, que como se dijo, sólo puede darse ante una actuación por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere; o cuando esas facultades exclusivas son ejercidas de modo distinto al que autoriza la norma suprema …»
Hasta la Próxima Leandro J. Vascello